“He buscado en los desiertos de la tierra del dolor y no he hallado mas respuesta que espejismos de ilusión. He hablado con las montañas de la desesperación y su respuesta era solo el eco sordo de mi voz”. (Celtas Cortos)
A Pepe Collado, in memoriam.
Fue en 2004 cuando un exultante presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero manifestaba que iba a hacer, nada menos que “la segunda transición”. Ocho años después descubrimos que uno de los problemas a los que se enfrenta nuestra economía, y concretamente la consecución del objetivo del déficit, es el incumplimiento de uno de los aspectos de esa promesa: la reforma de la Administración estatal y la finalización del modelo autonómico; esto es, una solución al problema de las duplicidades en los gastos por la provisión de bienes y servicios públicos que se dan al mismo tiempo en otros niveles estatales.
Uno de los líderes europeos más inteligentes de su generación es el liberal Nick Clegg, viceprimer ministro de Reino Unido, que en su visita hace unos días a Mariano Rajoy insistía en que había que explicar todas las decisiones a los ciudadanos y hacer un esfuerzo porque la gente comprendiera la crisis y las medidas de los gobiernos respecto a las reformas. El eje Merkozy: la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolás Sarkozy adelantaron hace diez días (5 de diciembre de 2011) las grandes líneas que proponen para la creación –esta vez sí que parece de verdad- de Europa con la modificación de los Tratados al menos a 17: la implantación de la regla de oro en los presupuestos de los países miembros, lo que se traduce en la introducción de una férrea disciplina fiscal. Y así se plasmó en la última cumbre europea que acabó “como el rosario de la aurora” con el Reino Unido saliendo a la carrera de donde nunca había estado (ni va a estar), de la eurozona. Con todo lo que ello implica.
La reforma constitucional española de septiembre de 2011 refleja en su artículo 135.2 que “El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.”, lo que en definitiva supone que nos hemos adelantado a lo que reclama el gobierno bicéfalo de la UE. Además, el futuro presidente, Mariano Rajoy, ha afirmado que España quiere estar en la primera línea de los países que integren ese núcleo duro de la Unión. Cosa nada fácil.
Aunque a primera vista pueda no parecer tan claro, la propuesta franco-alemana es una gran oportunidad para nuestro país. Y ello por, al menos, dos motivos: en primer lugar porque renunciar ahora a formar parte de ese grupo supondría abandonar el euro y el proyecto europeo, lo que nos descolgaría del tren de la modernidad para el presente siglo; y en segundo lugar, y tan importante como el primer punto, porque nos permitiría llevar a cabo esa segunda transición y cerrar el modelo autonómico. Y esta es, creemos nosotros, la gran ocasión para que España solucione el eterno problema autonómico. Hemos dicho muchas veces que las crisis son una oportunidad y esta lo es. El llamado Estado de las Autonomías pudo tener sentido en aquellos años de la transición, ahora no. Es un lujo que no nos podemos permitir.
Sucede que a lo largo de los 35 años de democracia la administración pública ha ido creciendo sobre un modelo que podríamos denominar de acumulación de instituciones. A las ya vigentes durante el franquismo se sumaron las autonómicas, locales… de forma que una misma competencia ha llegado a tener hasta cuatro administraciones que la regulan. Si a eso sumamos que los máximos dirigentes de cada administración han actuado como auténticos reyes de taifas, gastando a su voluntad sin un control conjunto, el resultado salta a la vista cuando la economía comienza a decrecer: hay autonomías y ayuntamientos en España en bancarrota porque sus regidores se han gastado, de manera totalmente inconsciente, un dinero que no tenían. La regla de oro presupuestaria que Merkel y Sarkozy quieren aplicar a los países de la zona euro debe extenderse a todas las Administraciones españolas, como indica nuestro artículo 135.2 de la Constitución. En esa medida, aplaudimos la iniciativa del presidente Rajoy de exigir su cumplimiento a las CC.AA. regidas por el PP, pero también creemos que debe ser muy firme en sus negociaciones con los nacionalistas catalanes y vascos para que estos se sumen, sin ninguna restricción, a su cumplimiento. Vamos a ver, se debe elaborar una Ley de Estabilidad Presupuestaria de obligado cumplimiento para todos los niveles administrativos del Estado. Así de claro. Empezando con un Presupuesto Base Cero. Se deben lograr los objetivos, pero al mínimo coste: con eficiencia y eficacia.
Es evidente que la próxima legislatura va a ser muy dura para los españoles. Vamos a vivir un período de ajustes en el que nuestra capacidad adquisitiva –la de todos- va a verse mermada. Pero hemos de ser conscientes de la necesidad del ajuste en beneficio de un futuro mejor, integrados plenamente en Europa. Siendo un país de primera división. Pero para que los españoles admitamos ese sacrificio se deben cumplir, a nuestro juicio, al menos una premisa: el Sr. Rajoy, en su discurso de investidura, debe ser valiente y realista. Debe olvidarse de generalidades y explicar muy claramente a los españoles cuál es la situación y cuáles son las medidas que va a adoptar en beneficio de toda la sociedad. Debe involucrar a todos los españoles en un proyecto nuevo: en la salida de la crisis. No tiene nada que perder y mucho que ganar ya que los españoles le hemos pedido que nuestro país esté en el lugar que le corresponde y, para ello, le hemos dado un mandato claro: haz lo que sea necesario, pero queremos ser europeos de primera fila.
Las políticas de rigor presupuestario son una condición necesaria, pero no suficiente, para abandonar esta crisis. La austeridad sola no es la panacea. Hay que promover, además, la confianza y la ilusión en los ciudadanos. Y hay que hacer políticas económicas de estímulo de la demanda que favorezcan el crecimiento. El paro debe reducirse obligatoriamente en el primer año de mandato. El paro es nuestro principal desafío. Logremos esos objetivos. Intentémoslo.
Para eso hay que explicar las cosas y tener un mismo fin común y ser leales a esas metas, por difíciles que sean. Pero para eso debemos estar unidos. E pluribus unum.
Y una última cosa. Los primeros que deben dar ejemplo de austeridad, de rigor y unidad han de ser los propios políticos.
© José L. Calvo y José A. Martínez.
A Pepe Collado, in memoriam.
Fue en 2004 cuando un exultante presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero manifestaba que iba a hacer, nada menos que “la segunda transición”. Ocho años después descubrimos que uno de los problemas a los que se enfrenta nuestra economía, y concretamente la consecución del objetivo del déficit, es el incumplimiento de uno de los aspectos de esa promesa: la reforma de la Administración estatal y la finalización del modelo autonómico; esto es, una solución al problema de las duplicidades en los gastos por la provisión de bienes y servicios públicos que se dan al mismo tiempo en otros niveles estatales.
Uno de los líderes europeos más inteligentes de su generación es el liberal Nick Clegg, viceprimer ministro de Reino Unido, que en su visita hace unos días a Mariano Rajoy insistía en que había que explicar todas las decisiones a los ciudadanos y hacer un esfuerzo porque la gente comprendiera la crisis y las medidas de los gobiernos respecto a las reformas. El eje Merkozy: la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Nicolás Sarkozy adelantaron hace diez días (5 de diciembre de 2011) las grandes líneas que proponen para la creación –esta vez sí que parece de verdad- de Europa con la modificación de los Tratados al menos a 17: la implantación de la regla de oro en los presupuestos de los países miembros, lo que se traduce en la introducción de una férrea disciplina fiscal. Y así se plasmó en la última cumbre europea que acabó “como el rosario de la aurora” con el Reino Unido saliendo a la carrera de donde nunca había estado (ni va a estar), de la eurozona. Con todo lo que ello implica.
La reforma constitucional española de septiembre de 2011 refleja en su artículo 135.2 que “El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.”, lo que en definitiva supone que nos hemos adelantado a lo que reclama el gobierno bicéfalo de la UE. Además, el futuro presidente, Mariano Rajoy, ha afirmado que España quiere estar en la primera línea de los países que integren ese núcleo duro de la Unión. Cosa nada fácil.
Aunque a primera vista pueda no parecer tan claro, la propuesta franco-alemana es una gran oportunidad para nuestro país. Y ello por, al menos, dos motivos: en primer lugar porque renunciar ahora a formar parte de ese grupo supondría abandonar el euro y el proyecto europeo, lo que nos descolgaría del tren de la modernidad para el presente siglo; y en segundo lugar, y tan importante como el primer punto, porque nos permitiría llevar a cabo esa segunda transición y cerrar el modelo autonómico. Y esta es, creemos nosotros, la gran ocasión para que España solucione el eterno problema autonómico. Hemos dicho muchas veces que las crisis son una oportunidad y esta lo es. El llamado Estado de las Autonomías pudo tener sentido en aquellos años de la transición, ahora no. Es un lujo que no nos podemos permitir.
Sucede que a lo largo de los 35 años de democracia la administración pública ha ido creciendo sobre un modelo que podríamos denominar de acumulación de instituciones. A las ya vigentes durante el franquismo se sumaron las autonómicas, locales… de forma que una misma competencia ha llegado a tener hasta cuatro administraciones que la regulan. Si a eso sumamos que los máximos dirigentes de cada administración han actuado como auténticos reyes de taifas, gastando a su voluntad sin un control conjunto, el resultado salta a la vista cuando la economía comienza a decrecer: hay autonomías y ayuntamientos en España en bancarrota porque sus regidores se han gastado, de manera totalmente inconsciente, un dinero que no tenían. La regla de oro presupuestaria que Merkel y Sarkozy quieren aplicar a los países de la zona euro debe extenderse a todas las Administraciones españolas, como indica nuestro artículo 135.2 de la Constitución. En esa medida, aplaudimos la iniciativa del presidente Rajoy de exigir su cumplimiento a las CC.AA. regidas por el PP, pero también creemos que debe ser muy firme en sus negociaciones con los nacionalistas catalanes y vascos para que estos se sumen, sin ninguna restricción, a su cumplimiento. Vamos a ver, se debe elaborar una Ley de Estabilidad Presupuestaria de obligado cumplimiento para todos los niveles administrativos del Estado. Así de claro. Empezando con un Presupuesto Base Cero. Se deben lograr los objetivos, pero al mínimo coste: con eficiencia y eficacia.
Es evidente que la próxima legislatura va a ser muy dura para los españoles. Vamos a vivir un período de ajustes en el que nuestra capacidad adquisitiva –la de todos- va a verse mermada. Pero hemos de ser conscientes de la necesidad del ajuste en beneficio de un futuro mejor, integrados plenamente en Europa. Siendo un país de primera división. Pero para que los españoles admitamos ese sacrificio se deben cumplir, a nuestro juicio, al menos una premisa: el Sr. Rajoy, en su discurso de investidura, debe ser valiente y realista. Debe olvidarse de generalidades y explicar muy claramente a los españoles cuál es la situación y cuáles son las medidas que va a adoptar en beneficio de toda la sociedad. Debe involucrar a todos los españoles en un proyecto nuevo: en la salida de la crisis. No tiene nada que perder y mucho que ganar ya que los españoles le hemos pedido que nuestro país esté en el lugar que le corresponde y, para ello, le hemos dado un mandato claro: haz lo que sea necesario, pero queremos ser europeos de primera fila.
Las políticas de rigor presupuestario son una condición necesaria, pero no suficiente, para abandonar esta crisis. La austeridad sola no es la panacea. Hay que promover, además, la confianza y la ilusión en los ciudadanos. Y hay que hacer políticas económicas de estímulo de la demanda que favorezcan el crecimiento. El paro debe reducirse obligatoriamente en el primer año de mandato. El paro es nuestro principal desafío. Logremos esos objetivos. Intentémoslo.
Para eso hay que explicar las cosas y tener un mismo fin común y ser leales a esas metas, por difíciles que sean. Pero para eso debemos estar unidos. E pluribus unum.
Y una última cosa. Los primeros que deben dar ejemplo de austeridad, de rigor y unidad han de ser los propios políticos.
© José L. Calvo y José A. Martínez.
