La imprescindible reforma del mercado de trabajo

Cuando uno se lanza a la batalla: el que la victoria se retrase, embota a la milicia y quebranta su agudeza. El atacar ciudades fortificadas, disminuye la propia fuerza. Si los soldados permanecen mucho tiempo en el campo, los recursos del estado resultan insuficientes. Ahora bien, si un embota la milicia, quebranta su agudeza, disminuye sus fuerzas y agota sus bienes, entonces los señores feudales se aprovecharán de tu infortunio y se alzarán en armas contra ti. ¡Por muy sabio que seas no podrás hacer buenos los resultados!
La semana pasada ha saltado la polémica sobre la reforma del mercado de trabajo para afrontar la actual crisis económica. A las declaraciones de la patronal pidiendo una reducción del coste del despido, les respondió el Ministro de Trabajo afirmando que el problema del mercado español es su “…excesiva flexibilidad”. El Gobernador del Banco de España apoyó parcialmente a los empresarios y, nuevamente, el Ministro saltó a la palestra para mandar callar a la autoridad financiera y acusarla de haber provocado la crisis.
Las declaraciones del Ministro de Trabajo demuestran un absoluto desconocimiento del papel fundamental que ha tenido el Banco de España, justamente para evitar que la crisis internacional se trasladase con mayor virulencia a nuestra economía. Pero, además, parecen seguir la senda marcada por el Presidente del gobierno cuando negaba la existencia de una crisis económica a la que solo la testarudez de los hechos le ha obligado a enfrentarse. Porque lo que es evidente es que, si España quiere salir de la actual situación y afrontar el futuro con cierto grado de optimismo, debe modificar su mercado de trabajo.
No queremos nosotros entrar en la discusión sobre la necesidad de reducir los costes del despido –existen personas mucho más conocedoras de un tema tan específico como éste- pero si deseamos aportar algunos datos que refuerzan la que nosotros creemos imprescindible reforma del mercado laboral de nuestro país.
1. Ni en las mejores condiciones de crecimiento económico la tasa de paro se ha situado por debajo del 8 por ciento. El segundo semestre de 2007 alcanzó la menor tasa de paro reciente, situándose en el 7,95 por ciento. Es decir, que cuando la economía española crecía a tasas antes desconocidas, cuando éramos la "locomotora de Europa”, también éramos incapaces de reducir el desempleo por debajo de los dos millones de personas. No parece un mercado de trabajo muy eficaz ni eficiente uno que con un crecimiento muy elevado mantiene un desempleo estructural del 8 por ciento.
2. El tamaño medio de las empresas españolas se sitúa en los 5 trabajadores. Esto, que puede parecer un dato no especialmente significativo, incrementa su relevancia si tenemos en cuenta que son las empresas pequeñas las que dotan a las economías de mayor flexibilidad para adaptarse a las condiciones de la demanda. Pero, si ponemos trabas administrativas a estas empresas, si las obligamos a aceptar convenios colectivos sectoriales negociados por sindicatos que solo tienen representación en las grandes empresas del sector, entonces su flexibilidad se reduce muy sustancialmente, y su adaptabilidad desaparece.
3. Un dato al que raras veces se hace mención: la representatividad de los sindicatos no alcanza el 15 por ciento de los trabajadores del sector privado, estando además concentrada en los de las grandes empresas con contrato indefinido. Es decir, que mientras el Gobierno y la patronal los toman como interlocutores sociales en las negociaciones, los trabajadores, sin embargo, no los asumen como sus representantes. Porque ¿recuerdan cuántas personas acudieron a las manifestaciones del último primero de mayo? A lo mejor es el momento de que los sindicatos entonen el “mea culpa” y vuelvan a la que era su misión primigenia: la defensa de todos los trabajadores y no solo de sus afiliados
4. El porcentaje de empleo en el sector de la construcción es prácticamente el doble de lo que existe en los países de nuestro entorno. Por poner solo unos ejemplos, mientras que en España, en 2007, los trabajadores de la construcción representaban el 13,3 por ciento de los ocupados, en Alemania era del 6,6; en Francia del 6,7; en Italia del 8,4 y en el Reino Unido del 8,2. No queremos volver a insistir, por obvio, en la ineficiencia de un modelo de crecimiento volcado en un único sector y que abandonó a su suerte a la industria. El resultado lo vemos día a día.
5. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE de 2007, en 2006 tan solo 12.900 familias cambiaron de hogar por motivos laborales. Es decir, la movilidad laboral , al menos en términos geográficos, es prácticamente nula

A estos datos hay que añadir un elemento cultural no menos importante: existe en nuestro país una cultura antiempresarial que es preciso cambiar. Hay un prurito de izquierdas por el que ser empresario es sinónimo de explotador. Por su parte, la derecha no piensa en los pequeños empresarios, sino que tiene una visión tan arcaica de él como de su propia concepción política, de forma que lo identifica mejor con el oligarca que con modernos empresarios al estilo Bill Gates. Pero la realidad española es muy diferente a esas dos posiciones conceptuales: como hemos dicho, el tamaño medio de nuestras empresas es muy reducido, por lo que la norma, más que la excepción, es la de un empresario que comparte el día a día con sus trabajadores, con los que además mantiene una relación personal. Además, tampoco se piensa que el empresario arriesga todo su patrimonio en una aventura en la que, por el contrario, los trabajadores no arriesgan más que su salario. En esa medida, muy poca gente desea asumir la responsabilidad empresarial: mal considerada socialmente y muy arriesgada económicamente.

Por mucho que le pese al actual Ministro de Trabajo, la reforma del mercado laboral no solo es necesaria sino imprescindible. Y cuanto antes se acometa mejor. Más vale que vaya convocando a los agentes sociales “representativos”, que deje la demagogia en casa y que se ponga manos a la obra. Las cosas no se van a solucionar por sí solas.

Nadie es culpable de la crisis. La responsabilidad es del otro

Dado que el general Sun Tzu no echaba la culpa de sus victorias y derrotas a los demás, hemos recurrido al refranero español, donde esta práctica es tradición: Entre todos la mataron y ella sola se murió
El actual comportamiento de los agentes económicos españoles ante la crisis parece un vodevil. Si no fuera por lo grave de la situación y porque afecta a las personas en algo que realmente les importa, su empleo, las declaraciones cruzadas de la Administración, las entidades financieras y los representantes de las familias y las empresas harían reír. Porque ninguno de ellos tiene la culpa de la crisis, de la que, naturalmente, es culpable el otro.
El gobierno culpa no ya solo a la situación internacional sino ahora a la banca de la gravedad de nuestra crisis económica y de la actual falta de actividad, ya que los recursos que han puesto a su disposición no fluyen hacia los particulares y las empresas. Por su parte, estos últimos se suman a las acusaciones del gobierno, y demandan una actitud enérgica que les permita financiar sus deudas al mismo tiempo que acusan al propio gobierno de inactividad. Por último, la banca se nos descuelga ahora con que la culpa de que no den préstamos se debe a que las familias y las compañías están excesivamente endeudadas, y que es el sector real el que amenaza al financiero.
Lo dicho, nadie es culpable pero tenemos más de tres millones de parados y creciendo. Pues nosotros creemos que sería bueno que todos dejáramos de echar balones fuera y asumiéramos nuestra parte de culpa.
Los individuos y las empresas porque se endeudaron sin racionalidad, sin límite alguno, sin considerar si podían pagar lo que pedían prestado. El dinero era tan fácil de conseguir que por qué no disfrutar del coche de tus sueños, de una casa en la mejor zona, de una tele de plasma –de esas que ahora tendrás que tirar tras la normativa europea-,… colmando hasta el último de los deseos. Era irrelevante endeudarse muy por encima de tus posibilidades, o de que la última factura la tengan que pagar tus tataranietos.
Asentadas en un crecimiento sin precedentes y deseosas de incrementar sus beneficios, las entidades financieras concedieron créditos sin control, sin garantías de pago en muchos casos. Las restricciones a la obtención de un préstamo se volvieron tan laxas que era prácticamente imposible no tener un crédito con una entidad financiera, aunque tus ingresos fueran irregulares y mínimos. Los sistemas de avales cruzados, las agencias negociadoras, y un largo etcétera de prácticas poco recomendables permitieron que accedieran al crédito personas y empresas que en condiciones de mercado normales no hubiesen sido ni siquiera consideradas.
Esta misma inexistencia de restricciones crediticias permitió que cualquiera que tuviera un terreno se convirtiera en promotor inmobiliario, que tanto él como el banco o la caja que le avalaba asumieran un riesgo excesivo. Pero eso era lo de menos, ya que las promociones se vendían casi antes de estar proyectadas, entre otras cosas porque era una buena inversión especulativa. Hay que recordar que el ministro de Fomento del PP, Francisco Álvarez Cascos, llegó a afirmar que “los pisos suben porque los españoles son más ricos y están dispuestos a pagar más por una vivienda”.
Los sucesivos gobiernos, de ambos signos, consintieron este desbarajuste. Porque les venía muy bien, porque los ingresos provenientes de los impuestos a las transacciones de viviendas permitían presumir de unas finanzas públicas saneadas. Ningún gobierno, repetimos de ambos signos, hizo caso a las advertencias que desde el Banco de España y desde las instituciones internacionales avisaban de que la burbuja inmobiliaria era insostenible. Muy al contrario, fueron considerados agoreros, casi antiespañoles.
En definitiva, ¿de quién es la responsabilidad? Evidentemente de todos. De nuestra irracionalidad como consumidores; de la falta de responsabilidad de las entidades financieras a la hora de gestionar los recursos y conceder créditos; y de los gobiernos que no supieron poner freno y, sobre todo, que no fueron capaces de encaminar nuestro modelo de crecimiento hacia sendas más seguras –como por ejemplo las energías alternativas, la innovación, las TICs, la formación,…- aprovechando la bonanza. ¿Por qué no se invirtió en esas áreas de futuro siendo conscientes, como lo podía ser cualquiera que tuviera dos dedos de frente, que la especulación inmobiliaria tenía los días contados?
Ahora todos nos hacemos de cruces y criminalizamos a los demás. Pero mejor sería que asumiéramos nuestras culpas y nos pusiéramos a trabajar conjuntamente. El mal está hecho y ya no tiene remedio. Habrá que buscarle soluciones. Remanguémonos, no busquemos culpables sino aliados, y encontremos una salida entre todos. El resto de las opciones son suicidas.

En defensa de una banca pública

Quien sea hábil en el empleo de la milicia no tendrá que hacer dos levas de reclutados ni registrar tres veces las provisiones. Se toma el equipamiento del estado y se aprovisiona uno del enemigo. De modo que el alimento del ejército resultará suficiente.

Después de finalizar nuestro periplo a lo largo y ancho de la geografía española (los profesores de la UNED, por si ustedes no lo saben, dedicamos tres semanas al año a examinar a nuestros alumnos por todo el territorio nacional) volvemos a reintegrarnos a nuestro blog. Una de las cosas más interesantes de este “recorrido” consiste en pulsar el sentimiento de los españoles que se encuentran más allá de las fronteras que impone a las discusiones políticas “la Corte” de Madrid. Así podemos conocer que existen voces críticas a la actual política económica del gobierno de salvaguardar el sistema financiero incluso dentro del propio partido en el poder.
El caso que queremos traer a colación es el del PSOE de Andalucía que a través de un portavoz se ha manifestado a favor de una banca pública para hacer que el dinero que el Estado trata de hacer llegar a las empresas y particulares fluya en mayor cuantía y a más velocidad de lo que lo está haciendo ahora. Su queja, compartida por un gran número de ciudadanos, es que el dinero que el gobierno ha aportado al sistema financiero está siendo destinado a financiar sus propios agujeros y no a ser prestado a particulares y empresas. Por ese motivo defienden una banca pública.
Pero la pregunta que surge es casi inmediata, ¿qué tipo de banca pública? Situémonos en los dos extremos posibles de esta elección.
En primer lugar podríamos optar por lo que han hecho británicos y estadounidenses, nacionalizando bancos en situaciones financieras muy complicadas, o dicho sin eufemismos, prácticamente en la quiebra. Esto supone una “socialización de las pérdidas”, es decir, que toda la sociedad asuma el quebranto económico que generó una gestión irresponsable. Lo asimétrico de esta posición es que mientras que los bancos fueron rentables nadie habló de nacionalizarnos, repartiendo los beneficios entre sus accionistas. Pero cuando “vienen mal dadas” todos deberíamos acudir al rescate. Opción sorprendente sobre todo si tenemos en cuenta que quienes la han utilizado son aquellos que con más fervor defendían el libre mercado sin regulaciones.
En el extremo opuesto situaríamos la utilización directa de una banca pública para hacer que los recursos que el Estado está insuflando a la economía fluyan, sin intermediarios privados, a empresas y consumidores. Sería como poner en funcionamiento un “gran ICO” al que pudieran acudir particulares y compañías con el fin de obtener los recursos que necesitan para financiar sus actividades. Esa institución pública concedería o refinanciaría hipotecas, abriría líneas de crédito, financiaría el descuento comercial,… No competiría con la banca privada en la captación de recursos a particulares, pero sí en la financiación.
Dos problemas surgen al intentar poner en práctica esta última iniciativa. En primer lugar, ¿de dónde sacaría una institución pública como el ICO el necesario número de analistas suficientemente cualificados para poder estudiar todos los casos que acudirían a ella en busca de recursos? Muy probablemente debería echar mano de las propias entidades financieras privadas a las que restaría financiación, lo que provocaría, cuando menos, una situación extraña.
Pero el gran problema de utilizar esta segunda elección sería realmente la reducción de recursos destinados a la banca privada. Si el gobierno opta por la banca pública en sentido estricto detraería recursos destinados a las entidades financieras privadas, lo que supondría que algunas de ellas, y muy especialmente algunas Cajas de Ahorro, atravesasen gravísimas dificultades que probablemente abocasen a su adquisición por otras Cajas o incluso a la quiebra. Pero ¿estamos dispuestos a ver cómo “caen” esas Cajas de Ahorro? Nuestro gobierno ha optado, al menos por ahora, en decir que no y está financiando el exceso de “ladrillo” que llevan en sus bodegas y que no les permite navegar.
En definitiva, se trata de una decisión política que condiciona la económica. ¿Estamos dispuestos a dejar que se hunda parte de nuestro sistema financiero para, a cambio, no permitir que se destruya más empleo del necesario y que empresas que tienen cuentas de resultados correctas desaparezcan por falta de financiación de sus actividades? O por el contrario ¿queremos salvar el sistema financiero aunque eso suponga una mayor destrucción de empleo y del tejido empresarial?
Nuestra elección es clara y está en la línea de lo que Schumpeter denominaba “destrucción creativa” y del “darwinismo económico”: que sobrevivan aquellos que realmente tienen un futuro. Por eso preferimos el lado real de la economía al financiero; optamos por las empresas y los trabajadores frente a aquellas Cajas que gestionaron de forma ineficiente los recursos. En definitiva, nosotros también apoyamos una banca pública para que los fondos fluyan directamente a aquellos que los necesitan para financiar la actividad de la economía real española. Porque la salida de la crisis y la creación de empleo se asienta mucho más en las empresas productivas que en el sistema financiero.