Los elementos del arte de la guerra son: la medición del espacio, el cálculo de las cantidades, los cálculos generales, las comparaciones, y por último, las posibilidades de victoria. Porque en las guerras, en general, la mejor política es tomar el Estado intacto, no destruirlo.
A finales de noviembre de 2009 The Economist llamaba a nuestro país ”el hombre enfermo de Europa”. Y esta misma semana, el Fondo Monetario Internacional ha presentado su Informe sobre la situación económica española que no por previsible resulta menos impactante. El FMI insta al gobierno español a acometer un conjunto de reformas, tres de las cuales al menos han sido explicitadas en todos los foros y nosotros también las hemos defendido: la del mercado de trabajo, para que aumente su flexibilidad con el objetivo de crear empleo; la reestructuración del sistema financiero y, muy especialmente, de las Cajas de Ahorros y una drástica reducción de los gastos públicos para disminuir la inestabilidad que genera el déficit de las Administraciones. A ellas han añadido esta vez otra medida menos enfatizada habitualmente: la liberalización de los mercados de bienes y servicios.
Una lectura pausada y en profundidad del Informe revela, no obstante, la necesidad de acometer otras reformas que mejoren la competitividad de nuestra economía y que refuercen las cuatro antes mencionadas. Y dentro de ellas destaca la reestructuración de la organización administrativa-territorial de las finanzas públicas y privadas del estado español. O dicho lisa y llanamente, el FMI señala que el actual sistema de Comunidades Autónomas (CCAA) introduce graves distorsiones en la economía española y supone un sobrecoste al erario público que es preciso corregir y moderar.
La división económico-administrativa-territorial que surgió de la Transición política y que dio origen a las 17 CC.AA. ha terminado convirtiéndose en una auténtica tela de araña. Y ello porque bajo el lema de “café para todos” en la que se creó se han dado todo tipo de “cafés”: solos, descafeinados, de extrema calidad, arábigo... que configuran un sistema excesivamente heterogéneo que se ha visto agravado por la política de “transferencias a cuenta gotas”.
Cuatro son, como mínimo, las disfunciones que las CC.AA. actuales introducen: un gasto público sin control estricto del estado central que permite la generación propia de déficits y la emisión de deuda para financiarlos; un sistema impositivo heterogéneo que ha dado como resultado denuncias entre Comunidades como es el caso de las “vacaciones fiscales” vascas; una legislación de cada Comunidad que limita la libertad de movimiento de los productos y servicios de forma que a veces es más fácil venderlos en el resto de los países de la Unión Europea que en España, y una intromisión en el funcionamiento del sistema financiero y en concreto en las Cajas de Ahorros, que en muchos casos se han guiado más por intereses políticos locales que por criterios económicos de gestión, y que las ha llevado a estar en una situación verdaderamente difícil.
El actual sistema competencial no permite controlar 18 (17 + el estado central) unidades de gasto público. De hecho, lo único en lo que el Gobierno ha conseguido imponer su criterio a las CC.AA. ha sido en la reducción de los salarios de los funcionarios, y eso con matizaciones ya que el gobierno vasco está estudiando fórmulas alternativas. Por el contrario, el Presidente Zapatero solo ha podido “pedirles” a las Comunidades que reduzcan su gasto, ya que no existe un sistema por el que pueda obligarlas.
El FMI hace hincapié en esa falta de control e indica la necesidad de utilizar “...mecanismos fuertes que aseguren que las CC.AA. llevan a cabo los ajustes necesarios”. En concreto propone la creación de un consejo fiscal independiente al estilo sueco o belga para “...proveer de análisis objetivos de las políticas fiscales y su sostenibilidad a largo plazo”.
En el caso de las Cajas de Ahorros la receta del FMI es también muy clara, señalando que “...las prioridades legislativas y de política deben ser: (1) reducir la influencia política en las Cajas de Ahorros...” además de posibilitarles la gestión como cualquier otra entidad financiera, con los mismos criterios de eficiencia y racionalidad, aunque sus beneficios se dediquen a obra social. Es decir, que los políticos de las CC.AA. no puedan, en ningún caso, condicionar las decisiones de inversión y gestión de recursos de las Cajas, profesionalizando éstas. Dicho con un ejemplo: si quieren aeropuerto en Ciudad Real hagan un proyecto sensato y busquen inversores, pero no obliguen a CCM a financiarlo.
Es imposible y sería anacrónico intentar volver atrás. Pero, al mismo tiempo, es necesaria y urgente una reorganización de la distribución territorial-administrativa de España que elimine las disfunciones que hemos mencionado. En esa medida, el Presidente tiene la gran oportunidad de cumplir con una de sus promesas electorales de 2004 y realizar la “Segunda Transición” convirtiendo a España en un Estado Federal donde la distribución de los ingresos y gastos públicos y las competencias en materia económica –de regulación de mercados, de saber qué impuestos son federales y cuales estatales...- queden perfectamente organizadas y delimitadas entre la Administración Central y los estados federados desde el principio.
Dos últimos comentarios al hilo de la Federación Española que proponemos: un estado federal no es ni de derechas ni de izquierdas, como muestran los ejemplos de Estados Unidos o Alemania; y sería una buena oportunidad para reestructurar y reducir el número de estados federados. Siete, como mucho ocho, serían lógicos, con la integración de las CC.AA. uniprovinciales en estados de mayor dimensión. Esto supondría un importante ahorro, una mayor racionalización de los recursos públicos y un ejemplo de que en tiempos de crisis todos, incluidos los políticos y sus intereses “nacionales”, hacemos esfuerzos.
© José L. Calvo y José A. Martínez 2010.
