Al haber valorado las ventajas, atiéndelas. Después dótalas de shih para que ayuden a las fuerzas exteriores. El shih gobierna el equilibrio de acuerdo con las ventajas.
En las últimas décadas del Siglo XX surgió una corriente denominada pensamiento único cuyo postulado básico era que la humanidad había caminado durante siglos hasta encontrar la sociedad óptima, aquella que definía el modelo económico-social del cuál no debería ya apartarse: la democracia capitalista.
En España la izquierda ideológica ha seguido una trayectoria muy similar a la comentada en el párrafo anterior: a partir de 2004 se postuló que la única política de izquierdas era la que proponía el PSOE y que, en consecuencia, todo lo que hacía este partido tenía un contenido social-progresista y las críticas a sus actuaciones debían calificarse de derechas. En ese pensamiento se han basado los comentarios de nuestros “compañeros de izquierdas” a muchos de nuestros artículos.
Y sin embargo nada más lejos de la realidad: el gobierno del PSOE ha adoptado una política económica que sería plenamente suscrita por el PP si no fuera por su necesidad de oposición para lograr la victoria en las urnas. Y desde luego, existe una opción mucho más progresista de la que este está impulsando. Algunos de los elementos que a nuestro juicio la compondrían ya los hemos expuesto en otros artículos, pero los resumiremos en este.
1. La creación de una banca pública habría evitado el fracaso del Plan ICO. Además, y siguiendo la trayectoria de dirigentes tan poco izquierdistas como George Bush o Gordon Brown, se podrían haber nacionalizado algunas entidades financieras en lugar de facilitarles dinero de todos los contribuyentes –oficial y extraoficialmente- para solventar su mala gestión. Una banca pública dotada de recursos y compitiendo en la financiación de pequeñas empresas, autónomos y particulares en dificultades habría permitido que todos ellos afrontasen la crisis con una perspectiva bastante más optimista de la que tienen cuando se enfrentan a las restricciones de crédito de la banca privada. Y con muchas más posibilidades de mantener los empleos en el caso de las empresas.
2. Generación de un parque de vivienda pública de alquiler con parte de los recursos que se han malgastado en el Plan E. De esta forma se habría hecho frente a varios problemas: en primer lugar, se habría mantenido el actual modelo de crecimiento o al menos se habría frenado su caída, dado que no existe una alternativa –de la inversión en I+D+i mejor no hablar-. Con ello, además, la crisis de confianza habría sido mucho menor; en segundo lugar se habría dedicado el dinero público a inversión en vez de a gasto corriente como ha ocurrido con el Plan E. Y en un futuro, cuando la economía se recupere, incluso se podrían haber vendido algunas de esas viviendas consiguiendo unas plusvalías para el Estado, es decir, para todos; en tercer lugar, su dedicación al alquiler habría facilitado la política social, ya que podrían haberse destinado a personas con pocos recursos o a jóvenes; y por último, habrían facilitado la movilidad laboral tan necesaria en nuestro país y que sin embargo está cercenada por un mercado inmobiliario dedicado únicamente a la compraventa.
3. Subida de los impuestos directos y mejora de la lucha contra el fraude. De esto último el gobierno no ha querido ni oír hablar, y eso que se lo han manifestado muy claramente los inspectores de hacienda en su congreso: se podrían recaudar más de 100.000 millones de euros con una mejora en la lucha contra el fraude. Y sobre la subida de los impuestos directos ya lo hemos comentado: no se trata tanto de un objetivo recaudatorio como de que los españoles tengan la sensación de que son tratados con equidad. De que la crisis la vamos a pagar todos, incluidos los que más tienen.
4. Reformas en el mercado de trabajo. Es evidente que un mercado que mantiene 2 millones de parados cuando la economía está creciendo a más del 3% anual y que es capaz de perder 1 millón de empleos en un año es totalmente ineficiente y necesita ser reformado. Y uno de los elementos en los que se ha de basar esa reforma es en el cambio de actitud hacia el empresariado. No es posible que en el siglo XXI el Gobierno y los sindicatos sigan con el discurso obrerista, lanzando el mensaje de que el empresario es un explotador y que los trabajadores no reciben una retribución justa, más aún cuando en España el tamaño medio de la empresa no supera los 5 trabajadores. Porque como dicen Akerlof y Shiller “…si (los trabajadores) creen que los tratan con poca equidad, su sentido del deber será nulo y trabajarán lo mínimo para cubrir el expediente”. Esto generará una reacción contrapuesta de los empresarios que no tendrán ningún inconveniente en despedirlos ante las primeras dificultades. Y lo más sorprendente es que este discurso oficial y sindical nunca va dirigida contra las grandes empresas y grupos económicos –al menos no conocemos ningún comentario negativo hacia la actitud empresarial del difunto Sr. Polanco o de D. Emilio Botín-. El empleo, como todo el mundo sabe en Europa, se crea en las PYMES y en los autónomos, y es a ellos a quien hay que apoyar.
5. Por último, una política de pensiones ligada al patrimonio de los individuos. Existe una tradición anglosajona encabezada por John Stuart Mill en contra de las herencias. Pero sin ir tan lejos, no parece que tenga sentido que en España se estén financiando éstas a través del sistema público de pensiones. Porque si un pensionista es capaz de vivir de los ingresos de su pensión todo su patrimonio pasará a sus herederos, con lo que se produce la financiación mencionada. Y no vale decir que lo pagaron antes ya que el sistema español de pensiones no es de capitalización sino contributivo.
Estos son solo unos ejemplos de actuaciones de política económica con un shih mucho más progresista. Y eso que en ningún momento hemos querido sobrepasar el listón que la Constitución establece para la sociedad española. Más allá están el comunismo o la anarquía, que tal y como van las cosas no se deberían descartar como referencia.
© José L. Calvo
En las últimas décadas del Siglo XX surgió una corriente denominada pensamiento único cuyo postulado básico era que la humanidad había caminado durante siglos hasta encontrar la sociedad óptima, aquella que definía el modelo económico-social del cuál no debería ya apartarse: la democracia capitalista.
En España la izquierda ideológica ha seguido una trayectoria muy similar a la comentada en el párrafo anterior: a partir de 2004 se postuló que la única política de izquierdas era la que proponía el PSOE y que, en consecuencia, todo lo que hacía este partido tenía un contenido social-progresista y las críticas a sus actuaciones debían calificarse de derechas. En ese pensamiento se han basado los comentarios de nuestros “compañeros de izquierdas” a muchos de nuestros artículos.
Y sin embargo nada más lejos de la realidad: el gobierno del PSOE ha adoptado una política económica que sería plenamente suscrita por el PP si no fuera por su necesidad de oposición para lograr la victoria en las urnas. Y desde luego, existe una opción mucho más progresista de la que este está impulsando. Algunos de los elementos que a nuestro juicio la compondrían ya los hemos expuesto en otros artículos, pero los resumiremos en este.
1. La creación de una banca pública habría evitado el fracaso del Plan ICO. Además, y siguiendo la trayectoria de dirigentes tan poco izquierdistas como George Bush o Gordon Brown, se podrían haber nacionalizado algunas entidades financieras en lugar de facilitarles dinero de todos los contribuyentes –oficial y extraoficialmente- para solventar su mala gestión. Una banca pública dotada de recursos y compitiendo en la financiación de pequeñas empresas, autónomos y particulares en dificultades habría permitido que todos ellos afrontasen la crisis con una perspectiva bastante más optimista de la que tienen cuando se enfrentan a las restricciones de crédito de la banca privada. Y con muchas más posibilidades de mantener los empleos en el caso de las empresas.
2. Generación de un parque de vivienda pública de alquiler con parte de los recursos que se han malgastado en el Plan E. De esta forma se habría hecho frente a varios problemas: en primer lugar, se habría mantenido el actual modelo de crecimiento o al menos se habría frenado su caída, dado que no existe una alternativa –de la inversión en I+D+i mejor no hablar-. Con ello, además, la crisis de confianza habría sido mucho menor; en segundo lugar se habría dedicado el dinero público a inversión en vez de a gasto corriente como ha ocurrido con el Plan E. Y en un futuro, cuando la economía se recupere, incluso se podrían haber vendido algunas de esas viviendas consiguiendo unas plusvalías para el Estado, es decir, para todos; en tercer lugar, su dedicación al alquiler habría facilitado la política social, ya que podrían haberse destinado a personas con pocos recursos o a jóvenes; y por último, habrían facilitado la movilidad laboral tan necesaria en nuestro país y que sin embargo está cercenada por un mercado inmobiliario dedicado únicamente a la compraventa.
3. Subida de los impuestos directos y mejora de la lucha contra el fraude. De esto último el gobierno no ha querido ni oír hablar, y eso que se lo han manifestado muy claramente los inspectores de hacienda en su congreso: se podrían recaudar más de 100.000 millones de euros con una mejora en la lucha contra el fraude. Y sobre la subida de los impuestos directos ya lo hemos comentado: no se trata tanto de un objetivo recaudatorio como de que los españoles tengan la sensación de que son tratados con equidad. De que la crisis la vamos a pagar todos, incluidos los que más tienen.
4. Reformas en el mercado de trabajo. Es evidente que un mercado que mantiene 2 millones de parados cuando la economía está creciendo a más del 3% anual y que es capaz de perder 1 millón de empleos en un año es totalmente ineficiente y necesita ser reformado. Y uno de los elementos en los que se ha de basar esa reforma es en el cambio de actitud hacia el empresariado. No es posible que en el siglo XXI el Gobierno y los sindicatos sigan con el discurso obrerista, lanzando el mensaje de que el empresario es un explotador y que los trabajadores no reciben una retribución justa, más aún cuando en España el tamaño medio de la empresa no supera los 5 trabajadores. Porque como dicen Akerlof y Shiller “…si (los trabajadores) creen que los tratan con poca equidad, su sentido del deber será nulo y trabajarán lo mínimo para cubrir el expediente”. Esto generará una reacción contrapuesta de los empresarios que no tendrán ningún inconveniente en despedirlos ante las primeras dificultades. Y lo más sorprendente es que este discurso oficial y sindical nunca va dirigida contra las grandes empresas y grupos económicos –al menos no conocemos ningún comentario negativo hacia la actitud empresarial del difunto Sr. Polanco o de D. Emilio Botín-. El empleo, como todo el mundo sabe en Europa, se crea en las PYMES y en los autónomos, y es a ellos a quien hay que apoyar.
5. Por último, una política de pensiones ligada al patrimonio de los individuos. Existe una tradición anglosajona encabezada por John Stuart Mill en contra de las herencias. Pero sin ir tan lejos, no parece que tenga sentido que en España se estén financiando éstas a través del sistema público de pensiones. Porque si un pensionista es capaz de vivir de los ingresos de su pensión todo su patrimonio pasará a sus herederos, con lo que se produce la financiación mencionada. Y no vale decir que lo pagaron antes ya que el sistema español de pensiones no es de capitalización sino contributivo.
Estos son solo unos ejemplos de actuaciones de política económica con un shih mucho más progresista. Y eso que en ningún momento hemos querido sobrepasar el listón que la Constitución establece para la sociedad española. Más allá están el comunismo o la anarquía, que tal y como van las cosas no se deberían descartar como referencia.
© José L. Calvo
