En defensa de una banca pública

Quien sea hábil en el empleo de la milicia no tendrá que hacer dos levas de reclutados ni registrar tres veces las provisiones. Se toma el equipamiento del estado y se aprovisiona uno del enemigo. De modo que el alimento del ejército resultará suficiente.

Después de finalizar nuestro periplo a lo largo y ancho de la geografía española (los profesores de la UNED, por si ustedes no lo saben, dedicamos tres semanas al año a examinar a nuestros alumnos por todo el territorio nacional) volvemos a reintegrarnos a nuestro blog. Una de las cosas más interesantes de este “recorrido” consiste en pulsar el sentimiento de los españoles que se encuentran más allá de las fronteras que impone a las discusiones políticas “la Corte” de Madrid. Así podemos conocer que existen voces críticas a la actual política económica del gobierno de salvaguardar el sistema financiero incluso dentro del propio partido en el poder.
El caso que queremos traer a colación es el del PSOE de Andalucía que a través de un portavoz se ha manifestado a favor de una banca pública para hacer que el dinero que el Estado trata de hacer llegar a las empresas y particulares fluya en mayor cuantía y a más velocidad de lo que lo está haciendo ahora. Su queja, compartida por un gran número de ciudadanos, es que el dinero que el gobierno ha aportado al sistema financiero está siendo destinado a financiar sus propios agujeros y no a ser prestado a particulares y empresas. Por ese motivo defienden una banca pública.
Pero la pregunta que surge es casi inmediata, ¿qué tipo de banca pública? Situémonos en los dos extremos posibles de esta elección.
En primer lugar podríamos optar por lo que han hecho británicos y estadounidenses, nacionalizando bancos en situaciones financieras muy complicadas, o dicho sin eufemismos, prácticamente en la quiebra. Esto supone una “socialización de las pérdidas”, es decir, que toda la sociedad asuma el quebranto económico que generó una gestión irresponsable. Lo asimétrico de esta posición es que mientras que los bancos fueron rentables nadie habló de nacionalizarnos, repartiendo los beneficios entre sus accionistas. Pero cuando “vienen mal dadas” todos deberíamos acudir al rescate. Opción sorprendente sobre todo si tenemos en cuenta que quienes la han utilizado son aquellos que con más fervor defendían el libre mercado sin regulaciones.
En el extremo opuesto situaríamos la utilización directa de una banca pública para hacer que los recursos que el Estado está insuflando a la economía fluyan, sin intermediarios privados, a empresas y consumidores. Sería como poner en funcionamiento un “gran ICO” al que pudieran acudir particulares y compañías con el fin de obtener los recursos que necesitan para financiar sus actividades. Esa institución pública concedería o refinanciaría hipotecas, abriría líneas de crédito, financiaría el descuento comercial,… No competiría con la banca privada en la captación de recursos a particulares, pero sí en la financiación.
Dos problemas surgen al intentar poner en práctica esta última iniciativa. En primer lugar, ¿de dónde sacaría una institución pública como el ICO el necesario número de analistas suficientemente cualificados para poder estudiar todos los casos que acudirían a ella en busca de recursos? Muy probablemente debería echar mano de las propias entidades financieras privadas a las que restaría financiación, lo que provocaría, cuando menos, una situación extraña.
Pero el gran problema de utilizar esta segunda elección sería realmente la reducción de recursos destinados a la banca privada. Si el gobierno opta por la banca pública en sentido estricto detraería recursos destinados a las entidades financieras privadas, lo que supondría que algunas de ellas, y muy especialmente algunas Cajas de Ahorro, atravesasen gravísimas dificultades que probablemente abocasen a su adquisición por otras Cajas o incluso a la quiebra. Pero ¿estamos dispuestos a ver cómo “caen” esas Cajas de Ahorro? Nuestro gobierno ha optado, al menos por ahora, en decir que no y está financiando el exceso de “ladrillo” que llevan en sus bodegas y que no les permite navegar.
En definitiva, se trata de una decisión política que condiciona la económica. ¿Estamos dispuestos a dejar que se hunda parte de nuestro sistema financiero para, a cambio, no permitir que se destruya más empleo del necesario y que empresas que tienen cuentas de resultados correctas desaparezcan por falta de financiación de sus actividades? O por el contrario ¿queremos salvar el sistema financiero aunque eso suponga una mayor destrucción de empleo y del tejido empresarial?
Nuestra elección es clara y está en la línea de lo que Schumpeter denominaba “destrucción creativa” y del “darwinismo económico”: que sobrevivan aquellos que realmente tienen un futuro. Por eso preferimos el lado real de la economía al financiero; optamos por las empresas y los trabajadores frente a aquellas Cajas que gestionaron de forma ineficiente los recursos. En definitiva, nosotros también apoyamos una banca pública para que los fondos fluyan directamente a aquellos que los necesitan para financiar la actividad de la economía real española. Porque la salida de la crisis y la creación de empleo se asienta mucho más en las empresas productivas que en el sistema financiero.