Y así sucede en las batallas de carros: cuando se capturan más de diez carros, premia a aquel que sea el primero en capturar uno. Después, cambia sus banderas y colgantes. Cuando los carros estén mezclados, hazlos correr. Toma a los cautivos y ocúpate de ellos. Esto es lo que se entiende por “vencedor del enemigo incrementado la propia fuerza”
La actual crisis económica por la que atraviesa España se asienta, básicamente, en tres factores: la crisis financiera internacional; la falta de confianza; y el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Los efectos de la crisis financiera internacional que se desató a finales de 2007 en Estados Unidos se han expandido por todo el mundo. Sin embargo, y por primera vez en la historia moderna, España se ha visto afectada en mucha menor medida que el resto de los países. Los motivos hay que encontrarlos, como se ha señalado desde todos los foros incluidos los internacionales, en la estricta pero racional política seguida por el Banco de España. Si en épocas anteriores se hacían estatuas a los grandes héroes, sería de justicia hacer una al profesor Dr. Luis Ángel Rojo, que con su obsesión por el control y el rigor ha sido el artífice de que afrontemos la crisis en mejores condiciones que nuestros vecinos.
El segundo de los motivos es la confianza, o mejor dicho su falta. Ya lo hemos comentado otras veces e insistiremos muchas más: la desconfianza de los españoles se basa en el desconocimiento de la profundidad de la crisis –hasta dónde llega el agujero de nuestro sistema bancario y a quién afecta de verdad-, la actuación del gobierno –qué ha pasado de negar la crisis a afrontarla con todas las medidas que se le ocurren día a día, pero que transmite una sensación de no saber por dónde ‘meterle mano’-, y una sobrerreacción de nuestro carácter latino: ni éramos tan ricos hace un año y medio, ni somos tan pobres en la actualidad. Un poco de pensamiento positivo nos vendría bastante bien.
Pero donde nos queremos centrar hoy es en la reforma del mercado de la vivienda en España. El estallido del boom inmobiliario español era una ‘muerte anunciada’ por los expertos, las autoridades monetarias, españolas e internacionales, y todos los que tuvieran dos dedos de frente. Pero nadie quiso hacerles caso, probablemente porque todos salíamos ganando en el corto plazo: los promotores inmobiliarios, que han hecho verdaderas fortunas que ahora se han evaporado como la espuma; los gobiernos de todos los colores, que aseguraban el crecimiento económico y el empleo sobre esta burbuja, y que además obtenían pingues ingresos fiscales por la compra y venta de viviendas; y todos y cada uno de nosotros, que veíamos como día a día nuestra vivienda aumentaba de valor. Esto último, por cierto, también contribuye en buena medida a la pérdida de confianza, porque jugamos al ‘cuento de la lechera’ y nos estalló el cántaro.
Dicho esto repasemos la situación del mercado inmobiliario español: múltiples promociones en construcción o acabadas sin vender aún rebajando los precios; un sector que por el lado privado va a sufrir un parón importante que se va a traducir en un aumento muy considerable del desempleo; aumento de las dificultades para pagar las hipotecas de los actuales propietarios; reducción drástica de los créditos bancarios; y, sin embargo, una demanda de vivienda en continuo crecimiento. ¿Qué hacer?
Nuestra propuesta incluye dos acciones: promover medidas para estimular el mercado inmobiliario y fomentar el mercado de alquiler.
En el primero de los casos se trata de aplicar reformas fiscales que ayuden a la clase media, que es la que soporta el mayor esfuerzo fiscal. Medidas que deben ir acompañadas, además, de ayudas estatales para que los españoles puedan hacer frente al pago de las hipotecas. Esto se está haciendo en los Estados Unidos. No actuaciones parciales, sino generales. No tiene sentido proponer 200 actuaciones sino tres o cuatro medidas claras y precisas que instrumenten un objetivo concreto: que los españoles puedan hacer frente a la crisis y que sientan que su gobierno les apoya. Para instrumentar la salida de la crisis el Gobierno de España debe colaborar con las entidades financieras, pero no estar al servicio de ellas: quien manda es el Gobierno, esto debe quedar suficientemente claro, ya que hoy por hoy existen dudas. Los bancos, en estos momentos, no prestan a nadie, ni a particulares ni a empresas y esto debe solucionarse ya, es una cuestión de estado. No tiene sentido esta restricción del crédito.
Fomentar el mercado de alquiler es la segunda línea de actuación que proponemos. Porque uno de los elementos que no hemos señalado antes es la extraña forma que adopta nuestro mercado de la vivienda si lo comparamos con el del resto de los países de nuestro entorno: mientras que en España más del 80% de los que habitan una vivienda son propietarios, en Francia, Alemania o el Reino Unido están en el entorno del 50% o menos. En esos países existe un amplio mercado de alquiler que permite no solo el acceso a la vivienda de aquellos que por su falta de capacidad financiera no pueden comprársela, sino que, además, fomenta la movilidad laboral. Porque, ¿se imagina que vive usted en Barcelona y le sale un trabajo en Sevilla? ¿Qué tiene que hacer para poder coger ese trabajo, vender su vivienda de Barcelona y comprar otra en Sevilla en la actual situación del mercado inmobiliario? Es probable que tenga que renunciar a ese cambio solo por no afrontar la compra/venta.
Y el fomento del mercado de alquiler debe ser tanto público como privado. Privado cambiando las leyes a favor de los propietarios y facilitando así el incremento de la oferta. Con la actual situación legal no es muy racional poner una vivienda en alquiler, ya que la sobreprotección de los inquilinos hace que el arrendatario se encuentre a merced de la buena voluntad de éstos a la hora de pagar y de mantener el piso. Esto provoca por un lado alquileres desmesurados, ya que el casero trata de protegerse de esa falta de cobertura legal incrementado el precio o exigiendo garantías excesivas, y por otro la existencia de una bolsa de viviendas vacías ante ese temor a acabar siendo el ‘pagano’ de la política social del estado.
Y público a través de la creación de vivienda pública de alquiler. Medidas ‘populistas’ como las rentas de emancipación no solo no han funcionado sino que han servido para incrementar los precios al aumentar la demanda sin modificar la oferta (cualquier estudiante de primero de Economía debe saber esto para aprobar, pero no parece necesario para llegar a ministro); las agencias públicas de alquiler tampoco están desempeñando la labor para la que fueron creadas, probablemente por la excesiva diferencia entre los precios ofrecidos y los actuales del mercado, y nuevamente por la desconfianza en que se sobreproteja al inquilino a costa del propietario –por cierto, persona mal vista en nuestro país porque posee cosas, en su caso viviendas. Ya se sabe que los españoles siempre estamos a favor del desfavorecido siempre y cuando no se le proteja a nuestra costa-.
¿Qué nos queda? La creación de un parque de viviendas públicas de alquiler. Esto además serviría para afrontar varios problemas: en la actual situación permitiría la compra a un precio razonable; daría un respiro al sector inmobiliario; posibilitaría, a través de la inversión pública que el gobierno quiere y debe fomentar, crear una base de activos reales sobre el que asentar el futuro de nuestro sector público y que puede ser enajenado en caso de necesidad o cuando las condiciones mejoren; reducir los abusivos alquileres actuales incrementado la oferta; y mejorar la movilidad laboral, que va a ser uno de los factores claves para reducir el desempleo: desplazarse desde donde no hay trabajo a donde sí lo hay.
Apoyar a los propietarios de viviendas hipotecadas con dificultades, mejora de las leyes de alquiler en favor de los propietarios y creación de un parque público de viviendas se nos antojan como medidas muy necesarias para modificar nuestro actual mercado inmobiliario.
La actual crisis económica por la que atraviesa España se asienta, básicamente, en tres factores: la crisis financiera internacional; la falta de confianza; y el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Los efectos de la crisis financiera internacional que se desató a finales de 2007 en Estados Unidos se han expandido por todo el mundo. Sin embargo, y por primera vez en la historia moderna, España se ha visto afectada en mucha menor medida que el resto de los países. Los motivos hay que encontrarlos, como se ha señalado desde todos los foros incluidos los internacionales, en la estricta pero racional política seguida por el Banco de España. Si en épocas anteriores se hacían estatuas a los grandes héroes, sería de justicia hacer una al profesor Dr. Luis Ángel Rojo, que con su obsesión por el control y el rigor ha sido el artífice de que afrontemos la crisis en mejores condiciones que nuestros vecinos.
El segundo de los motivos es la confianza, o mejor dicho su falta. Ya lo hemos comentado otras veces e insistiremos muchas más: la desconfianza de los españoles se basa en el desconocimiento de la profundidad de la crisis –hasta dónde llega el agujero de nuestro sistema bancario y a quién afecta de verdad-, la actuación del gobierno –qué ha pasado de negar la crisis a afrontarla con todas las medidas que se le ocurren día a día, pero que transmite una sensación de no saber por dónde ‘meterle mano’-, y una sobrerreacción de nuestro carácter latino: ni éramos tan ricos hace un año y medio, ni somos tan pobres en la actualidad. Un poco de pensamiento positivo nos vendría bastante bien.
Pero donde nos queremos centrar hoy es en la reforma del mercado de la vivienda en España. El estallido del boom inmobiliario español era una ‘muerte anunciada’ por los expertos, las autoridades monetarias, españolas e internacionales, y todos los que tuvieran dos dedos de frente. Pero nadie quiso hacerles caso, probablemente porque todos salíamos ganando en el corto plazo: los promotores inmobiliarios, que han hecho verdaderas fortunas que ahora se han evaporado como la espuma; los gobiernos de todos los colores, que aseguraban el crecimiento económico y el empleo sobre esta burbuja, y que además obtenían pingues ingresos fiscales por la compra y venta de viviendas; y todos y cada uno de nosotros, que veíamos como día a día nuestra vivienda aumentaba de valor. Esto último, por cierto, también contribuye en buena medida a la pérdida de confianza, porque jugamos al ‘cuento de la lechera’ y nos estalló el cántaro.
Dicho esto repasemos la situación del mercado inmobiliario español: múltiples promociones en construcción o acabadas sin vender aún rebajando los precios; un sector que por el lado privado va a sufrir un parón importante que se va a traducir en un aumento muy considerable del desempleo; aumento de las dificultades para pagar las hipotecas de los actuales propietarios; reducción drástica de los créditos bancarios; y, sin embargo, una demanda de vivienda en continuo crecimiento. ¿Qué hacer?
Nuestra propuesta incluye dos acciones: promover medidas para estimular el mercado inmobiliario y fomentar el mercado de alquiler.
En el primero de los casos se trata de aplicar reformas fiscales que ayuden a la clase media, que es la que soporta el mayor esfuerzo fiscal. Medidas que deben ir acompañadas, además, de ayudas estatales para que los españoles puedan hacer frente al pago de las hipotecas. Esto se está haciendo en los Estados Unidos. No actuaciones parciales, sino generales. No tiene sentido proponer 200 actuaciones sino tres o cuatro medidas claras y precisas que instrumenten un objetivo concreto: que los españoles puedan hacer frente a la crisis y que sientan que su gobierno les apoya. Para instrumentar la salida de la crisis el Gobierno de España debe colaborar con las entidades financieras, pero no estar al servicio de ellas: quien manda es el Gobierno, esto debe quedar suficientemente claro, ya que hoy por hoy existen dudas. Los bancos, en estos momentos, no prestan a nadie, ni a particulares ni a empresas y esto debe solucionarse ya, es una cuestión de estado. No tiene sentido esta restricción del crédito.
Fomentar el mercado de alquiler es la segunda línea de actuación que proponemos. Porque uno de los elementos que no hemos señalado antes es la extraña forma que adopta nuestro mercado de la vivienda si lo comparamos con el del resto de los países de nuestro entorno: mientras que en España más del 80% de los que habitan una vivienda son propietarios, en Francia, Alemania o el Reino Unido están en el entorno del 50% o menos. En esos países existe un amplio mercado de alquiler que permite no solo el acceso a la vivienda de aquellos que por su falta de capacidad financiera no pueden comprársela, sino que, además, fomenta la movilidad laboral. Porque, ¿se imagina que vive usted en Barcelona y le sale un trabajo en Sevilla? ¿Qué tiene que hacer para poder coger ese trabajo, vender su vivienda de Barcelona y comprar otra en Sevilla en la actual situación del mercado inmobiliario? Es probable que tenga que renunciar a ese cambio solo por no afrontar la compra/venta.
Y el fomento del mercado de alquiler debe ser tanto público como privado. Privado cambiando las leyes a favor de los propietarios y facilitando así el incremento de la oferta. Con la actual situación legal no es muy racional poner una vivienda en alquiler, ya que la sobreprotección de los inquilinos hace que el arrendatario se encuentre a merced de la buena voluntad de éstos a la hora de pagar y de mantener el piso. Esto provoca por un lado alquileres desmesurados, ya que el casero trata de protegerse de esa falta de cobertura legal incrementado el precio o exigiendo garantías excesivas, y por otro la existencia de una bolsa de viviendas vacías ante ese temor a acabar siendo el ‘pagano’ de la política social del estado.
Y público a través de la creación de vivienda pública de alquiler. Medidas ‘populistas’ como las rentas de emancipación no solo no han funcionado sino que han servido para incrementar los precios al aumentar la demanda sin modificar la oferta (cualquier estudiante de primero de Economía debe saber esto para aprobar, pero no parece necesario para llegar a ministro); las agencias públicas de alquiler tampoco están desempeñando la labor para la que fueron creadas, probablemente por la excesiva diferencia entre los precios ofrecidos y los actuales del mercado, y nuevamente por la desconfianza en que se sobreproteja al inquilino a costa del propietario –por cierto, persona mal vista en nuestro país porque posee cosas, en su caso viviendas. Ya se sabe que los españoles siempre estamos a favor del desfavorecido siempre y cuando no se le proteja a nuestra costa-.
¿Qué nos queda? La creación de un parque de viviendas públicas de alquiler. Esto además serviría para afrontar varios problemas: en la actual situación permitiría la compra a un precio razonable; daría un respiro al sector inmobiliario; posibilitaría, a través de la inversión pública que el gobierno quiere y debe fomentar, crear una base de activos reales sobre el que asentar el futuro de nuestro sector público y que puede ser enajenado en caso de necesidad o cuando las condiciones mejoren; reducir los abusivos alquileres actuales incrementado la oferta; y mejorar la movilidad laboral, que va a ser uno de los factores claves para reducir el desempleo: desplazarse desde donde no hay trabajo a donde sí lo hay.
Apoyar a los propietarios de viviendas hipotecadas con dificultades, mejora de las leyes de alquiler en favor de los propietarios y creación de un parque público de viviendas se nos antojan como medidas muy necesarias para modificar nuestro actual mercado inmobiliario.
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