El dilema de Samuelson: ¿a quién quieres más José Luis, a papá/banca o a mamá/política social?

De aquel que pueda modificar su táctica en relación con su contrincante, consiguiéndole ganar, puede decirse que es un capitán nacido en el cielo porque del mismo modo que el agua no mantiene una forma constante, tampoco hay condiciones constantes en el arte de la guerra.
En el año 2004 Finn E. Kydland recibió el Premio Nobel de Economía (junto con E.C. Prescott) por sus investigaciones sobre política económica; en concreto, macroeconomía y ciclos económicos. Estuvo en Madrid la semana pasada y manifestó su perplejidad por la aplicación de una incorrecta política económica que entorpecería la recuperación. Hizo algunas reflexiones de carácter general sobre la cuestión polémica de los rescates a los grandes bancos o la ayuda a General Motors diciendo "que se vertieron fondos gubernamentales para intentar mantener el desempleo a raya, pero de forma ineficiente. Habría sido mejor no gastar tanto y que la deuda aumentara tanto, y en cambio, recolocar más fondos a ayudar a esos desempleados, y formarlos en los sectores que sean considerados de futuro". Por otra parte, hemos sabido estos días que existe un pánico evidente en las plazas bursátiles mundiales por las dudas que transmite el sector financiero a raíz del fraude de Goldman Sachs, ya que el regulador del mercado de EEUU (SEC) entiende que ese banco de inversión no actuó de forma correcta al vender cédulas hipotecarias basadas en hipotecas basura diseñadas por un empleado de Goldman. En el fondo, el Presidente de los EEUU y los demócratas quieren regular los derivados, mientras la industria financiera y algunos republicanos se oponen a ello.
Partiendo de esta última reflexión, queremos debatir una cuestión que llamaremos "el dilema de Samuelson" y que se puede resumir muy brevemente en lo siguiente: ¿qué elegir, qué opción tomar que no perjudique demasiado tus propios intereses cunado representas el poder público?
Que el Gobierno español realiza política social es indiscutible. Independientemente de frases tan grandilocuentes como “el Gobierno no va a dejar tirado a nadie” lo cierto es que el Ejecutivo ha hecho ingentes esfuerzos para paliar los efectos de la crisis sobre los más desfavorecidos: incremento de la duración del seguro de desempleo, ingresos adicionales tras finalizarse este… Y que la principal autoridad de nuestro país apoya el sistema financiero es también un hecho constatado. Ahí está el FROB. El problema surge cuando tiene que elegir entre uno y otro, o dicho de otra forma, cuando la política social obliga a actuar en contra de los intereses de los bancos y las Cajas de Ahorros. La opción que ha tomado el equipo de Rodríguez Zapatero en ese caso le ha dejado en evidencia. Dos ejemplos de la actuación del Presidente y sus ministros: la introducción de un impuesto sobre las transacciones bancarias y la posibilidad de aplicar la dación en pago.
Gobiernos tan alejados ideológicamente como el de Barak Obama o Angela Merkel han optado por mantener la misma posición: introducir un impuesto sobre las transacciones bancarias. La Unión Europea lo está discutiendo, y si bien hay ciertas reticencias en Francia, es más que probable que al final se imponga para el conjunto, al menos en los países de la zona Euro donde el liderazgo alemán está siendo cada vez más evidente. Como señalaba Paul Krugman en un artículo en The New York Times, el objetivo de este impuesto no es tanto recaudatorio como el mostrar a la banca y sus directivos que no van a salir de rositas del caos que su actuación irresponsable ha provocado. Según Krugman, de no mediar el impuesto la conclusión que la gran banca internacional y española podría sacar es que pueden hacer realmente lo que quieran, comportándose nuevamente de manera imprudente e invirtiendo especulativamente, ya que al final los gobiernos, con el dinero de todos los ciudadanos, van a acudir a su rescate para que la economía no se colapse. El argumento del impuesto es pues mostrarles que eso se ha acabado y que los gobiernos, introduciendo disciplina, no se lo van a permitir.
Y ante esta polémica ¿qué ha dicho el gobierno español? Nada. Ha dado la callada por respuesta y, salvo que le venga impuesto desde la Unión Europea, no piensa actuar en contra de los intereses de la gran banca y los políticos regionales que dirigen las Cajas de Ahorros. Primera elección.
El caso de la dación en pago es probablemente más técnico pero de más calado social. En España, como cerca de 150.000 familias han descubierto dolorosamente, las hipotecas son créditos con garantía real. Es decir, que en el crédito que nos conceden para la compra de la vivienda esta última actúa tan solo como garantía. Dicho con un ejemplo. Supongamos que fiándonos de la evolución de la economía española nos compramos en 2006 un apartamento por 200.000 euros. Desde ese momento hasta el presente hemos pagado 15.000 euros, pero, por motivos ajenos a nuestra voluntad (paro, enfermedad…), no podemos seguir haciendo frente a la cuota hipotecaria. En un país como Estados Unidos ejecutaríamos la dación en pago y enviaríamos las llaves al banco que se haría cargo del inmueble. Habríamos perdido los 15.000 euros que pagamos entre 2006 y 2010 pero quedaríamos libres de deuda.
En España el banco, después de varios requerimientos, nos embarga la casa y esta sale a subasta, adjudicándose supongamos en 120.000 euros. En ese caso nos quedan 65.000 euros por pagar, que junto a los gastos de juicio etc. pueden situarnos en una deuda de 100.000 euros. En resumen, perdimos 15.000 euros, nos hemos quedado sin casa y además tenemos una deuda con el banco de 100.000 euros más.
La dación en pago supone, de hecho, el que todos los que cometieron una imprudencia asuman su parte de culpa. Porque si bien, siguiendo con el ejemplo, nosotros fuimos unos insensatos asumiendo una deuda a la que no podíamos hacer frente, también es responsabilidad del banco o la Caja de Ahorros el habernos prestado ese dinero –muchas veces incluso más del 100% del valor de la vivienda-. Pero en España, como hemos visto, todo recae sobre el comprador, y el banco/caja se vuelven a escapar indemnes. Parece lógico, por tanto, que una gran parte de esas 150.000 familias hayan demandado al Gobierno una política social consistente en ejecutar la dación en pago en casos muy justificados. ¿Y qué ha dicho el Presidente?: nada, lo que demuestra una gran insensibilidad social.
En definitiva, que cuando el Ejecutivo ha tenido que resolver el dilema de Samuelson, es decir, elegir entre la política social y la banca, su elección ha sido muy clara: ¿a quién quieres más, a papá/banca que te da la propina, o a mamá/ciudadanos que te da los votos? Como lo de mamá solo se produce una vez cada cuatro años y quedan todavía dos, papá gana por goleada. Sin comentarios sobre el izquierdismo del gobierno.

© José L. Calvo y José A. Martínez. 2010.