Decálogo para una nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria

Sé rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos, veloz como el relámpago que relumbra antes de haber podido pestañear

Es reconfortante la celeridad con que el nuevo gobierno se ha lanzado a realizar propuestas para sacar a nuestro país de la crisis, o por lo menos, para hacerla frente con realismo. Es más que probable que no vayamos a estar de acuerdo con muchas de ellas, sobre todo si como en el caso del IRPF se hace caer la imposición sobre los de siempre, las rentas del trabajo, y se olvida a las rentas de capital. Pero por lo menos hemos salido de ese impasse de los últimos años que impuso a nuestra economía la incapacidad/indecisión del gobierno Zapatero.

Y desde luego una con la que estamos plenamente en consonancia es la que el Ministro de Hacienda presentará en los próximos días: la "Ley de Estabilidad Presupuestaria que compromete a todas las Administraciones públicas al equilibrio presupuestario y a la sostenibilidad de los presupuestos públicos" (Cristóbal Montoro). El Ministro ha propuesto la convocatoria de una reunión de la Comisión Nacional de Administraciones Locales para dar cuenta del anteproyecto de ley, para posteriormente llevarlo al Consejo de Ministros. Como él mismo señala "es una reforma urgente para España".

¿Qué tiene de nuevo esta Ley de Estabilidad Presupuestaria? Y, sobre todo ¿qué debería tener? A continuación proponemos un decálogo de mínimos que, a nuestro juicio, debería incluir la Ley para que contribuya a sacar a España de la situación de crisis. El Gobierno ha apuntado ya algunas líneas de la nueva Ley, nosotros proponemos algunas más.

1º) la Ley debería contemplar sanciones para los incumplidores de los objetivos fijados. Algunos políticos han puesto “el grito en el cielo” ante la posibilidad de afrontar responsabilidades, incluidas las penales, por el incumplimiento de los objetivos de déficit. Pero después de los desmanes que hemos comprobado en la gestión del dinero público por políticos de todos los signos, la primera señal de que se va a actuar con rigor debe ser esta. Si en una empresa no se puede elaborar un presupuesto de gasto sin tener un presupuesto de ingresos realista y, sobre todo, un plan de amortización, no vemos por qué debe ser posible hacerlo en una Administración. Y si  el gestor privado puede tener responsabilidades por malversación de fondos, igual debe suceder en el sector público. 

2º) Debe haber mecanismos instrumentalizados por el Gobierno para que las autonomías tengan liquidez (una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial- ICO- para pagar a los proveedores reales, a los que realmente se les debe dinero), o la creación de un Fondo Presupuestario Anticíclico (FPA) para el mismo fin. Y las Administraciones que tengan problemas de liquidez "muy agudos" a corto plazo deben ser ayudadas por el Gobierno. Pero una condición sine qua non ha de ser la de cumplir los criterios de convergencia fiscal.

3ª) Podría llegarse a una intervención temporal de algunas Administraciones utilizando los mismos criterios que en la UE. "No tenemos que ser ni más laxos ni menos estrictos" que la Unión Europea ha dicho el Ministro Montoro.

4º) Aplazamiento a  diez años de la devolución del dinero que las CCAA deben a Hacienda con el objetivo de facilitar su viabilidad financiera. Nuevamente condicionado a una aplicación estricta de los criterios de convergencia.

5º) Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con el Gobierno del estado, deberán fijar un techo de gasto antes de elaborar sus Presupuestos y no podrán incumplir ese compromiso: criterio de convergencia en Déficit.

6º) Las Comunidades Autónomas tendrán un límite de endeudamiento, que se situará en el 60% del PIB de la comunidad: criterio de convergencia en Deuda.

7º) Aquellas CCAA que no cumplan, podrán ser sancionadas dependiendo de la magnitud y la reiteración de los desvíos. Las sanciones serán, en primer lugar, económicas, pero podrían llegar a ser políticas.

8º) Se debería coordinar un Presupuesto Base Cero (PBC) para instrumentar tanto el presupuesto de las CCAA como el de la Administración Central o Entidades Locales.

9º) El objetivo fundamental del Presupuesto y de la política fiscal y presupuestaria, en definitiva, de la política económica, debe ser el crecimiento económico. Pero para ello se debe partir del equilibrio presupuestario.

10º) Cumplimiento de los compromisos acordados ya con nuestros socios europeos, con el objetivo de generar la confianza internacional suficiente para evitar los problemas de deuda. Si bien, y como primero señaló el Ministro Montoro, sin crecimiento es bastante difícil lograr esos objetivos, por lo que podrían ser renegociados.

No obstante, y esto es también muy importante e incidiremos sobre ello en los próximos posts, el Gobierno debe entender y debe hacer ver a sus socios europeos que para controlar el déficit es preciso crecer económicamente. Esta condición  es a priori, no a posteriori. El único instrumento (de soberanía político-económica) que le resta al Gobierno es la política fiscal y presupuestaria. Utilicémosla con inteligencia: para estimular el crecimiento, evitar la depresión (psicológica) económica en el consumidor y fomentar un aumento de la demanda privada (gasto familias + inversión bruta) que evite entrar en recesión.

Hay que actuar rápido como dice nuestro general, como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos. Gran parte de las instituciones dan por descontada una recesión en España en este año. Hay que tratar de paliar sus efectos lo más rápidamente posible, ya que si no podremos entrar de lleno en círculo vicioso de muy difícil salida, similar al de Grecia o Portugal e Italia. El Gobierno debe transmitir seriedad, confianza y capacidad. La Ley de Estabilidad Presupuestaria es un gran primer paso en esa dirección.

© José A. Martínez y José L. Calvo