Actúa después de haber hecho la estimación: gana el que conoce primero la medida de lo que está lejos y lo que está cerca.
Esta última semana de julio nos deja con tres noticias impactantes relacionadas con el mercado hipotecario: en primer lugar, el EURIBOR está en su cota mínima, siendo su valor a día de hoy de 1,364%. En segundo lugar, la constatación de que ese valor mínimo no sirve para incentivar la concesión de hipotecas, ya que si bien en mayo pasado aumentaron con respecto a abril, sufren una caída interanual de más del 22%. Finalmente, el día 27 El País publicaba, en su edición para Cataluña, un artículo titulado “me quedo sin piso y con una deuda de 200.000 euros” en el que se explicaba la situación de una familia ecuatoriana que no puede hacer frente a las cuotas de la hipoteca, y a la que la actual legislación la ha llevado a encontrarse sin vivienda –subastada- y con una deuda diferencia entre el precio obtenido por la subasta y el de su préstamo, a la que hay que sumar las costas del proceso.
Comenzando por esta última, todo parece indicar que los españoles desconocemos realmente a qué nos conduce la contratación de un préstamo hipotecario según la legislación vigente. El nombre exacto de una hipoteca es el de préstamo con garantía real, lo que en la práctica supone que obtenemos un crédito poniendo como garantía nuestra vivienda. Pero eso no quiere decir que si nos deshacemos de ella nos deshagamos del préstamo. Es decir, que si contratamos una hipoteca de 200.000 euros antes de la crisis para un piso valorado en 250.000 y por la crisis hemos de venderlo por 150.000 entregando esa cantidad al banco/caja, todavía nos queda una deuda por la diferencia, 50.000 euros, que deberemos pagar aunque ya no tengamos la vivienda.
Olvídense por tanto de la denominada dación en pago, es decir entregar las llaves al banco/caja y allá cuentas –sistema vigente por ejemplo en Estados Unidos-, porque como le ha ocurrido a esta familia seguirán teniendo que responder de la deuda con todos sus bienes presentes y futuros. Y vean las ventajas del alquiler, ya que cuando uno deja de pagar se va y se acaban sus penurias.
¡Ah! Y sean conscientes de quien es el culpable de esta situación, que no son solo los bancos, a los que se intenta criminalizar desde distintos sectores de los medios de comunicación y políticos, cuando realmente lo único que hacen es aplicar la legislación vigente. La culpa, más bien, es de esa legislación y de quienes la crean y aprueban: los políticos, que han optado por proteger de riesgos a las grandes entidades financieras en lugar de a los ciudadanos. Es una opción, pero a quien parece más lógico ayudar es a los ciudadanos. Así lo han entendido en muchos países, porque son las economías domésticas y las pequeñas empresas las que tiran del crecimiento de la demanda agregada y, por consiguiente, las que crean empleo neto. Y esta es otra posibilidad de política económica que las autoridades deberían tener muy en cuenta.
Las otras dos noticias muestran muy claramente que el ajuste del sistema bancario español está todavía lejos de haberse terminado. Con un EURIBOR en mínimos lo lógico sería pensar que la Banca intentase obtener los máximos beneficios posibles de su principal actividad, los préstamos. Pero eso no es la realidad, y el dinero sigue sin fluir hacia los que de verdad lo necesitan: particulares y pequeñas y medianas empresas.
Por eso nosotros le proponemos al Gobierno una solución novedosa: la creación de lo que hemos denominado el (FRONH) Fondo de Reordenación Ordenada de Negocios e Hipotecas, en justa correspondencia con el FROB ya aprobado para reestructurar el sistema financiero. Y su funcionamiento sería muy parecido: se trataría de dotarle de una cuantía similar a la del FROB a la que podrían recurrir particulares y negocios para resolver problemas graves de liquidez financiera provocados por la crisis. Con 100.000 millones de euros, 11 millones de españoles que no deberían recurrir a él –pensionistas y funcionarios-, y una familia media de tres miembros, estamos hablando de 9.000 euros por familia, 4.500 anuales en un horizonte de dos años para la crisis. Y ese dinero iría al sistema financiero, por lo que cumpliría una doble misión: financiar a particulares y empresas y servir para reestructurar los bancos y cajas en dificultades.
Se nos puede decir que para eso están las dos líneas del ICO incluidas en el Plan E para retardar las hipotecas durante dos años para parados y autónomos en dificultades. Pero una nueva noticia de esta semana nos deja claro la inviabilidad de estas dos propuestas: de los 6.000 millones de euros asignados tan solo se han concedido poco más de 50, debido a los excesivos y farragosos trámites burocráticos.
También nos podrían decir que no hay dinero suficiente y que el déficit se dispararía. Pero no entendemos que a estas alturas de la crisis, con más de 4 millones de parados, con multitud de familias en dificultades, se opte por costear públicamente las irresponsabilidades que ha cometido buena parte del sistema financiero y que sin embargo se niegue financiación a las familias y pequeñas empresas. Al menos no es eso lo que nosotros entendemos por política social.
© José L. Calvo y José A. Martínez
Esta última semana de julio nos deja con tres noticias impactantes relacionadas con el mercado hipotecario: en primer lugar, el EURIBOR está en su cota mínima, siendo su valor a día de hoy de 1,364%. En segundo lugar, la constatación de que ese valor mínimo no sirve para incentivar la concesión de hipotecas, ya que si bien en mayo pasado aumentaron con respecto a abril, sufren una caída interanual de más del 22%. Finalmente, el día 27 El País publicaba, en su edición para Cataluña, un artículo titulado “me quedo sin piso y con una deuda de 200.000 euros” en el que se explicaba la situación de una familia ecuatoriana que no puede hacer frente a las cuotas de la hipoteca, y a la que la actual legislación la ha llevado a encontrarse sin vivienda –subastada- y con una deuda diferencia entre el precio obtenido por la subasta y el de su préstamo, a la que hay que sumar las costas del proceso.
Comenzando por esta última, todo parece indicar que los españoles desconocemos realmente a qué nos conduce la contratación de un préstamo hipotecario según la legislación vigente. El nombre exacto de una hipoteca es el de préstamo con garantía real, lo que en la práctica supone que obtenemos un crédito poniendo como garantía nuestra vivienda. Pero eso no quiere decir que si nos deshacemos de ella nos deshagamos del préstamo. Es decir, que si contratamos una hipoteca de 200.000 euros antes de la crisis para un piso valorado en 250.000 y por la crisis hemos de venderlo por 150.000 entregando esa cantidad al banco/caja, todavía nos queda una deuda por la diferencia, 50.000 euros, que deberemos pagar aunque ya no tengamos la vivienda.
Olvídense por tanto de la denominada dación en pago, es decir entregar las llaves al banco/caja y allá cuentas –sistema vigente por ejemplo en Estados Unidos-, porque como le ha ocurrido a esta familia seguirán teniendo que responder de la deuda con todos sus bienes presentes y futuros. Y vean las ventajas del alquiler, ya que cuando uno deja de pagar se va y se acaban sus penurias.
¡Ah! Y sean conscientes de quien es el culpable de esta situación, que no son solo los bancos, a los que se intenta criminalizar desde distintos sectores de los medios de comunicación y políticos, cuando realmente lo único que hacen es aplicar la legislación vigente. La culpa, más bien, es de esa legislación y de quienes la crean y aprueban: los políticos, que han optado por proteger de riesgos a las grandes entidades financieras en lugar de a los ciudadanos. Es una opción, pero a quien parece más lógico ayudar es a los ciudadanos. Así lo han entendido en muchos países, porque son las economías domésticas y las pequeñas empresas las que tiran del crecimiento de la demanda agregada y, por consiguiente, las que crean empleo neto. Y esta es otra posibilidad de política económica que las autoridades deberían tener muy en cuenta.
Las otras dos noticias muestran muy claramente que el ajuste del sistema bancario español está todavía lejos de haberse terminado. Con un EURIBOR en mínimos lo lógico sería pensar que la Banca intentase obtener los máximos beneficios posibles de su principal actividad, los préstamos. Pero eso no es la realidad, y el dinero sigue sin fluir hacia los que de verdad lo necesitan: particulares y pequeñas y medianas empresas.
Por eso nosotros le proponemos al Gobierno una solución novedosa: la creación de lo que hemos denominado el (FRONH) Fondo de Reordenación Ordenada de Negocios e Hipotecas, en justa correspondencia con el FROB ya aprobado para reestructurar el sistema financiero. Y su funcionamiento sería muy parecido: se trataría de dotarle de una cuantía similar a la del FROB a la que podrían recurrir particulares y negocios para resolver problemas graves de liquidez financiera provocados por la crisis. Con 100.000 millones de euros, 11 millones de españoles que no deberían recurrir a él –pensionistas y funcionarios-, y una familia media de tres miembros, estamos hablando de 9.000 euros por familia, 4.500 anuales en un horizonte de dos años para la crisis. Y ese dinero iría al sistema financiero, por lo que cumpliría una doble misión: financiar a particulares y empresas y servir para reestructurar los bancos y cajas en dificultades.
Se nos puede decir que para eso están las dos líneas del ICO incluidas en el Plan E para retardar las hipotecas durante dos años para parados y autónomos en dificultades. Pero una nueva noticia de esta semana nos deja claro la inviabilidad de estas dos propuestas: de los 6.000 millones de euros asignados tan solo se han concedido poco más de 50, debido a los excesivos y farragosos trámites burocráticos.
También nos podrían decir que no hay dinero suficiente y que el déficit se dispararía. Pero no entendemos que a estas alturas de la crisis, con más de 4 millones de parados, con multitud de familias en dificultades, se opte por costear públicamente las irresponsabilidades que ha cometido buena parte del sistema financiero y que sin embargo se niegue financiación a las familias y pequeñas empresas. Al menos no es eso lo que nosotros entendemos por política social.
© José L. Calvo y José A. Martínez
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