"Lo que distingue al hombre de los otros animales son las preocupaciones financieras".
Jules Renard (1864-1910) Escritor y dramaturgo francés.
"La mejor victoria es la que se logra con una planificación inteligente". Sun Tzu.
El debate sobre el control del déficit público forma parte del análisis económico desde prácticamente su principio. A la necesidad de un presupuesto equilibrado anual se la conoce como la Regla de Oro del presupuesto clásico. Todos los grandes pensadores económicos, desde Adam Smith(1723-1790) a Keynes(1893-1946), pasando por Friedman(1912-2006) o los defensores de la herejía keynesiana como el Premio Nobel de Economía (2008), Paul Krugman han discutido sobre la necesidad de establecer una limitación estricta a los gastos públicos de forma que estos no superen los ingresos o, por el contrario, permitir un cierto “margen de maniobra” temporal. John Kenneth Galbraith, economista keynesiano, lo expresaba de forma certera en 1958, en su The Affluent Society, "…las tendencias dilapidadoras de príncipes y repúblicas fueron reprimidas a través de la norma que les obligaba indefectiblemente a ingresar tanto dinero como gastaban. Las consecuencias de la violación de esta regla han sido siempre desafortunadas a largo plazo, y a menudo también lo han sido a corto plazo". Nuevamente es Galbraith quién resume perfectamente la argumentación de aquellos que defienden la restricción total cuando señala que: “…la norma que requería un presupuesto equilibrado había sido concebida para gobiernos que eran irresponsables, por su naturaleza o porque la experiencia lo demostraba, en asuntos fiscales”; por su parte, los defensores de la posibilidad de un cierto déficit en situaciones de recesión económica consideran este necesario para impulsar la actividad económica y permitir la recuperación en los períodos “bajos” del ciclo económico. Kondrátiev (1892-1938) formuló diversas teorías sobre el ciclo económico, la más recomendable es la del ciclo largo, divulgada en occidente por Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), como parte de su modelo tricíclico. La aportación más relevante de este gran economista (catedrático de Harvard desde 1932) fue la concepción cíclica e irregular del crecimiento económico. Hoy, en esta vieja Europa urge encontrar un camino que nos libere de los miedos irracionales, de la desconfianza y de esos factores psicológicos que están detrás del comportamiento de inversores, financieros y especuladores y que, como en el sueño de José (Génesis 1:41:1 - 1:41:36) debemos saber interpretar, porque nos pueden facilitar la vía de salida de esta cruel y despiadada crisis. José le habla al faraón de lo que en Teoría Económica se conoce como "ciclos" y de que hay que prepararse en los tiempos de bonanza para las épocas de escasez.
Todo esto viene a colación de la transcendental, y sorprendente, propuesta del Presidente Zapatero para llevar a cabo una reforma de la Constitución española que incorpore una limitación al déficit de las Administraciones públicas. Esto supone la primera modificación de nuestra Constitución desde 1978, por lo que debería ser analizada con sosiego y consultada a toda la población.
Partamos de un principio común: todos los economistas han sido, son y seremos partidarios de unas cuentas públicas saneadas en el medio y largo plazo. Por ello, el debate no es si debe o no existir déficit cero, sino de si esta medida se debe aplicar en todos y cada uno de los años fiscales y si debe consagrarse en la Carta Magna. Es en el primer punto donde también se centra la discusión entre el PSOE, que está más en la idea de permitir pequeños déficits –sin cuantificar- en períodos en los que la tasa de crecimiento de la economía española no supere el 2% del PIB, y el PP, partidario de la más estricta doctrina neoclásica de déficit cero en cualquier circunstancia. Recordemos que los criterios de convergencia de Maastricht ya señalaban una hoja de ruta fiscal más flexible que el equilibrio presupuestario permitiendo un déficit público del 3% del PIB.
Desde un punto de vista técnico, si los gastos de un país crecen a un ritmo superior a sus gastos la única forma de financiarlo es emitir Deuda. Esta, a su vez, genera unos intereses que es preciso pagar y que deben incluirse dentro del presupuesto de gasto. Si ese déficit se mantiene en el tiempo, la emisión de Deuda también lo hará, lo que llevará a que cada vez una mayor parte de los gastos del estado estén representados por los intereses de esa deuda, pudiendo dar origen a una situación explosiva –básicamente cuando el tipo de interés sea superior a la tasa de crecimiento de la economía-. Eso lo saben muy bien los mercados, que a partir de un determinado momento considerarán que el país empieza a tener problemas para pagar, por lo que, en un primer momento demandarán tipos de interés mayores para luego negarse a comprar esa deuda ante la perspectiva de no cobrar –el ya famoso default-. Por ello, la disciplina fiscal no solo es necesaria, sino imprescindible.
A esto, y en el caso español, hay que sumar una situación muy grave procedente de una utilización del gasto público en los últimos años que entra de lleno en los “gobiernos que eran irresponsables” de Galbraith. No deseamos insistir nuevamente sobre el hecho de haber pasado de un superávit del 2,2% del PIB en 2007 a un déficit del 11% en 2009, pero sin una política económica tan catastrófica España no se vería en la obligación, impuesta por sus socios europeos en la carta del BCE, de reformar su Constitución para evitar que nuevos políticos inconscientes aboquen al país a la quiebra. Algo muy similar, por otro lado, a lo que ha pasado en el resto de los PIIGS (ahora con Italia entre nosotros). Es, sencillamente, un problema de desconfianza europea y de los mercados hacia nuestra clase política, lo que les debería hacer reflexionar.
Pero si todos estos argumentos son ciertos, no vemos tanto la necesidad de que la disciplina fiscal deba ser consagrada en la Constitución y mucho menos que el cambio deba ser tan precipitado, tomando además la decisión los mismos “inconscientes” que nos ha llevado a la intervención de nuestra economía. Porque, por mucho que nos intenten vender, la actual reforma de la Constitución que se solicita está impuesta por los mercados –quienes quieran que sean- y nuestros socios europeos –estamos, en estos momentos en una situación de tutela económica ejercida por Merkel, Sarkozy y el BCE-. En esa medida nuestra soberanía y democracia se ven comprometidas.
En definitiva, si bien apoyamos el control de déficit para evitar que los “políticos irresponsables” vuelvan a hacer de las suyas, creemos que su inclusión en la Constitución es una medida que, en cualquier caso, debería ser discutida y explicada con más tiempo y en profundidad. La Constitución de 1978 no es algo que se modifique cada año, debe tener una solera, y es preciso entender que los principios económicos que ya la inspiran pueden entrar en contradicción con la reforma propuesta. Dudamos que consagrar una opción concreta de política económica en la Constitución, sea la vía correcta. Pero, si se hace, se debería o bien consultar a todos los españoles vía referendum, o conseguir un amplísimo acuerdo parlamentario de al menos el 80-90 % de las fuerzas políticas. Y decimos más: se debería aprovechar la ocasión para sentar las bases de un consenso político entre los dos grandes partidos de España para establecer las reformas necesarias de salida de la crisis. El Decálogo de ineludible cumplimiento de ese Gran Pacto sería el siguiente: 1º) Reforma del sistema financiero español con la vuelta a su labor fundamental de intermediación y control estricto de las actividades especulativas; 2º) Flexibilización del mercado de trabajo; 3º) Reforma de las Administracioens públicas para evitar duplicidades; 4º) Introducir criterios de eficiencia, eficacia y equidad en las decisiones públicas; 5º) Lograr los objetivos al mínimo coste; 6º) Desmantelamiento de los actuales 17 mercados, regulados cada uno por una autonomía; 7º) Flexibilidad y libertad de los factores de producción 8º) Reforma de las pensiones: edad de jubilación a los 70 años, supresión de las prejubilaciones; 9º) Incremento de la inversión en educación básica y superior y 10º) Interiorizar el principio de la emulación: inversión en investigación científica y técnica para el desarrollo industrial y tecnológico. Estos mandamientos se encierran en dos: 1º) no subirás impuestos pero reducirás gastos (en el propio Estado, las CCAA y las corporaciones locales) y 2º) Como decía el fundador de nuestra ciencia: Investigarás (y emularás) la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
© José A. Martínez y José L. Calvo, 2011.
Jules Renard (1864-1910) Escritor y dramaturgo francés.
"La mejor victoria es la que se logra con una planificación inteligente". Sun Tzu.
El debate sobre el control del déficit público forma parte del análisis económico desde prácticamente su principio. A la necesidad de un presupuesto equilibrado anual se la conoce como la Regla de Oro del presupuesto clásico. Todos los grandes pensadores económicos, desde Adam Smith(1723-1790) a Keynes(1893-1946), pasando por Friedman(1912-2006) o los defensores de la herejía keynesiana como el Premio Nobel de Economía (2008), Paul Krugman han discutido sobre la necesidad de establecer una limitación estricta a los gastos públicos de forma que estos no superen los ingresos o, por el contrario, permitir un cierto “margen de maniobra” temporal. John Kenneth Galbraith, economista keynesiano, lo expresaba de forma certera en 1958, en su The Affluent Society, "…las tendencias dilapidadoras de príncipes y repúblicas fueron reprimidas a través de la norma que les obligaba indefectiblemente a ingresar tanto dinero como gastaban. Las consecuencias de la violación de esta regla han sido siempre desafortunadas a largo plazo, y a menudo también lo han sido a corto plazo". Nuevamente es Galbraith quién resume perfectamente la argumentación de aquellos que defienden la restricción total cuando señala que: “…la norma que requería un presupuesto equilibrado había sido concebida para gobiernos que eran irresponsables, por su naturaleza o porque la experiencia lo demostraba, en asuntos fiscales”; por su parte, los defensores de la posibilidad de un cierto déficit en situaciones de recesión económica consideran este necesario para impulsar la actividad económica y permitir la recuperación en los períodos “bajos” del ciclo económico. Kondrátiev (1892-1938) formuló diversas teorías sobre el ciclo económico, la más recomendable es la del ciclo largo, divulgada en occidente por Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), como parte de su modelo tricíclico. La aportación más relevante de este gran economista (catedrático de Harvard desde 1932) fue la concepción cíclica e irregular del crecimiento económico. Hoy, en esta vieja Europa urge encontrar un camino que nos libere de los miedos irracionales, de la desconfianza y de esos factores psicológicos que están detrás del comportamiento de inversores, financieros y especuladores y que, como en el sueño de José (Génesis 1:41:1 - 1:41:36) debemos saber interpretar, porque nos pueden facilitar la vía de salida de esta cruel y despiadada crisis. José le habla al faraón de lo que en Teoría Económica se conoce como "ciclos" y de que hay que prepararse en los tiempos de bonanza para las épocas de escasez.
Todo esto viene a colación de la transcendental, y sorprendente, propuesta del Presidente Zapatero para llevar a cabo una reforma de la Constitución española que incorpore una limitación al déficit de las Administraciones públicas. Esto supone la primera modificación de nuestra Constitución desde 1978, por lo que debería ser analizada con sosiego y consultada a toda la población.
Partamos de un principio común: todos los economistas han sido, son y seremos partidarios de unas cuentas públicas saneadas en el medio y largo plazo. Por ello, el debate no es si debe o no existir déficit cero, sino de si esta medida se debe aplicar en todos y cada uno de los años fiscales y si debe consagrarse en la Carta Magna. Es en el primer punto donde también se centra la discusión entre el PSOE, que está más en la idea de permitir pequeños déficits –sin cuantificar- en períodos en los que la tasa de crecimiento de la economía española no supere el 2% del PIB, y el PP, partidario de la más estricta doctrina neoclásica de déficit cero en cualquier circunstancia. Recordemos que los criterios de convergencia de Maastricht ya señalaban una hoja de ruta fiscal más flexible que el equilibrio presupuestario permitiendo un déficit público del 3% del PIB.
Desde un punto de vista técnico, si los gastos de un país crecen a un ritmo superior a sus gastos la única forma de financiarlo es emitir Deuda. Esta, a su vez, genera unos intereses que es preciso pagar y que deben incluirse dentro del presupuesto de gasto. Si ese déficit se mantiene en el tiempo, la emisión de Deuda también lo hará, lo que llevará a que cada vez una mayor parte de los gastos del estado estén representados por los intereses de esa deuda, pudiendo dar origen a una situación explosiva –básicamente cuando el tipo de interés sea superior a la tasa de crecimiento de la economía-. Eso lo saben muy bien los mercados, que a partir de un determinado momento considerarán que el país empieza a tener problemas para pagar, por lo que, en un primer momento demandarán tipos de interés mayores para luego negarse a comprar esa deuda ante la perspectiva de no cobrar –el ya famoso default-. Por ello, la disciplina fiscal no solo es necesaria, sino imprescindible.
A esto, y en el caso español, hay que sumar una situación muy grave procedente de una utilización del gasto público en los últimos años que entra de lleno en los “gobiernos que eran irresponsables” de Galbraith. No deseamos insistir nuevamente sobre el hecho de haber pasado de un superávit del 2,2% del PIB en 2007 a un déficit del 11% en 2009, pero sin una política económica tan catastrófica España no se vería en la obligación, impuesta por sus socios europeos en la carta del BCE, de reformar su Constitución para evitar que nuevos políticos inconscientes aboquen al país a la quiebra. Algo muy similar, por otro lado, a lo que ha pasado en el resto de los PIIGS (ahora con Italia entre nosotros). Es, sencillamente, un problema de desconfianza europea y de los mercados hacia nuestra clase política, lo que les debería hacer reflexionar.
Pero si todos estos argumentos son ciertos, no vemos tanto la necesidad de que la disciplina fiscal deba ser consagrada en la Constitución y mucho menos que el cambio deba ser tan precipitado, tomando además la decisión los mismos “inconscientes” que nos ha llevado a la intervención de nuestra economía. Porque, por mucho que nos intenten vender, la actual reforma de la Constitución que se solicita está impuesta por los mercados –quienes quieran que sean- y nuestros socios europeos –estamos, en estos momentos en una situación de tutela económica ejercida por Merkel, Sarkozy y el BCE-. En esa medida nuestra soberanía y democracia se ven comprometidas.
En definitiva, si bien apoyamos el control de déficit para evitar que los “políticos irresponsables” vuelvan a hacer de las suyas, creemos que su inclusión en la Constitución es una medida que, en cualquier caso, debería ser discutida y explicada con más tiempo y en profundidad. La Constitución de 1978 no es algo que se modifique cada año, debe tener una solera, y es preciso entender que los principios económicos que ya la inspiran pueden entrar en contradicción con la reforma propuesta. Dudamos que consagrar una opción concreta de política económica en la Constitución, sea la vía correcta. Pero, si se hace, se debería o bien consultar a todos los españoles vía referendum, o conseguir un amplísimo acuerdo parlamentario de al menos el 80-90 % de las fuerzas políticas. Y decimos más: se debería aprovechar la ocasión para sentar las bases de un consenso político entre los dos grandes partidos de España para establecer las reformas necesarias de salida de la crisis. El Decálogo de ineludible cumplimiento de ese Gran Pacto sería el siguiente: 1º) Reforma del sistema financiero español con la vuelta a su labor fundamental de intermediación y control estricto de las actividades especulativas; 2º) Flexibilización del mercado de trabajo; 3º) Reforma de las Administracioens públicas para evitar duplicidades; 4º) Introducir criterios de eficiencia, eficacia y equidad en las decisiones públicas; 5º) Lograr los objetivos al mínimo coste; 6º) Desmantelamiento de los actuales 17 mercados, regulados cada uno por una autonomía; 7º) Flexibilidad y libertad de los factores de producción 8º) Reforma de las pensiones: edad de jubilación a los 70 años, supresión de las prejubilaciones; 9º) Incremento de la inversión en educación básica y superior y 10º) Interiorizar el principio de la emulación: inversión en investigación científica y técnica para el desarrollo industrial y tecnológico. Estos mandamientos se encierran en dos: 1º) no subirás impuestos pero reducirás gastos (en el propio Estado, las CCAA y las corporaciones locales) y 2º) Como decía el fundador de nuestra ciencia: Investigarás (y emularás) la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones.
© José A. Martínez y José L. Calvo, 2011.
